Gobernadora Laura Kelly se une a demanda contra el Gobierno federal por suspensión de beneficios SNAP
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Topeka, Kansas | 29 de octubre, 2025
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TOPEKA — La gobernadora Laura Kelly anunció que se ha unido a una coalición de 22 fiscales generales y dos gobernadores en una demanda contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la secretaria Brooke Rollins, argumentando que la administración federal ha suspendido de forma ilegal el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en medio del cierre parcial del gobierno.
“Los estados no pueden ni deben asumir la responsabilidad del gobierno federal para financiar SNAP”, señaló Kelly. “Suspender estos pagos es una decisión sin precedentes que perjudicará a millones de familias en todo el país. Me uní a esta demanda para proteger a los habitantes de Kansas, porque el gobierno federal tiene una responsabilidad legal y moral de financiar este programa, no de quitar el alimento de la mesa de los niños de Kansas”.
El nuevo año fiscal federal comenzó el 1 de octubre de 2025, sin que el Congreso aprobara un presupuesto para financiar al gobierno, lo que provocó el actual cierre administrativo. El 10 de octubre, el USDA notificó a las agencias estatales que, si el cierre continuaba, no habría fondos suficientes para pagar los beneficios de noviembre a los aproximadamente 42 millones de personas que dependen del programa SNAP.
Según la demanda, el USDA dispone de miles de millones de dólares en fondos de contingencia asignados específicamente para SNAP, pero ha optado por no utilizarlos, aun cuando sí ha financiado otros programas con fondos de emergencia durante el cierre. La coalición argumenta que esta decisión es “deliberada, ilegal e inhumana”, y que pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de familias.
La interrupción de los beneficios afectaría no solo a los hogares beneficiarios, sino también a los gobiernos estatales y locales, los bancos de alimentos, las escuelas y los comercios que aceptan pagos SNAP. El USDA ha estimado que cada dólar en beneficios SNAP genera $1.54 en actividad económica, por lo que la suspensión también tendría repercusiones en la economía nacional.
En Kansas, cerca de 188,000 niños, familias y adultos mayores dependen de SNAP cada mes. Habitualmente, más de 93,000 hogares reciben una distribución total de $34.4 millones en beneficios. El Departamento de Niños y Familias de Kansas (DCF), encargado de administrar el programa, continuará monitoreando la situación y sus efectos sobre los servicios estatales.
El documento legal sostiene que suspender los beneficios SNAP contradice la ley federal y viola el Acta de Procedimiento Administrativo (APA), al considerarse una acción “arbitraria y caprichosa”. La coalición planea presentar además una orden judicial temporal para que los beneficios sean restablecidos de inmediato.
Junto a Kelly participan los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Más información sobre los efectos del cierre federal en los programas y servicios del DCF está disponible en dcf.ks.gov.
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