Las decisiones ambientales de la administración Trump y su impacto en las comunidades latinas

Wichita, Kansas | 11 de diciembre, 2025

Planeta Venus

Por Johani Carolina Ponce

Fotografía de Unsplash

Desde enero de 2025, la administración Trump ha impulsado un giro profundo en la política ambiental y energética de Estados Unidos. Bajo el argumento de que las regulaciones vigentes frenan la economía, la Casa Blanca lanzó la orden ejecutiva “Liberar la energía estadounidense” (Unleashing American Energy, en inglés), en la que asegura que “regulaciones onerosas y motivadas ideológicamente” han limitado la generación de energía confiable y asequible. Ese marco ha impulsado la revisión, modificación o eliminación de diversas regulaciones ambientales vigentes.

Pero científicos, defensores ambientales y líderes comunitarios advierten que este

replanteamiento regulatorio podría agravar riesgos que ya golpean con mayor fuerza a familias latinas, especialmente en estados vulnerables al calor extremo, huracanes, contaminación industrial y crisis energética. La científica Rachel Cleetus, directora de políticas climáticas y energéticas de la Union of Concerned Scientists, advirtió recientemente sobre el daño que provocan estos retrocesos. “La EPA está intentando enterrar la evidencia del cambio climático causado por el ser humano, pero no puede cambiar la realidad de la ciencia climática ni el duro impacto que los efectos del clima están teniendo en la vida de las personas… Eliminar y distorsionar esta información científica solo sirve para dar vía libre a los contaminadores de combustibles fósiles, que están obteniendo ganancias mientras las comunidades sufren olas de calor extremas, inundaciones sin precedentes, tormentas intensificadas e incendios forestales catastróficos”.

Una de las primeras acciones del nuevo rumbo fue ordenar la revisión y posible suspensión de varios estándares federales de eficiencia energética y reglas de emisiones. La administración sostiene que estas regulaciones “elevan los costos para los consumidores”, mientras que la EPA ha documentado durante décadas que dichos estándares reducen contaminación y previenen enfermedades respiratorias.

Organizaciones latinas alertan sobre la expansión fósil

En marzo de 2025, el presidente aceleró permisos para petróleo, gas y minería en tierras

federales. La medida provocó un rechazo inmediato de organizaciones de justicia ambiental.

GreenLatinos, a través de su presidente Mark Magaña, afirmó que la agenda de Trump

“favorece a los contaminadores por encima del bienestar de nuestras comunidades

trabajadoras”, y advirtió que estas decisiones frenan la transición hacia la energía limpia,

aumentan los costos para las familias y ponen en riesgo los avances alcanzados. Magaña

también subrayó que las comunidades más expuestas a la contaminación, al clima extremo y alaumento del costo de vida serán las más perjudicadas.

Un informe nacional de Climate Power revela que este giro político ha ralentizado

considerablemente la expansión de la energía limpia. Desde la elección de Trump, 324

proyectos de energía limpia y manufactura vinculada al sector energético han sido cancelados, retrasados o han perdido financiamiento federal, lo que equivale a más de 53.000 millones de dólares en inversiones detenidas y más de 165.000 empleos perdidos o aplazados.

Arizona y Texas, ambos con importantes poblaciones latinas, figuran entre los estados más afectados: Arizona perdió más de 8.000 empleos en energía limpia, mientras que Texas superó los 52.000.

Fondos de resiliencia en pausa mientras aumentan los desastres

Otro cambio que ha generado preocupación es la decisión de FEMA en abril de 2025 de

suspender las adjudicaciones previas del programa BRIC, Building Resilient Infrastructure and Communities, y detener temporalmente la entrega de nuevos fondos, uno de los principales mecanismos federales para financiar proyectos de infraestructura resistente a desastres. Esta suspensión ha dejado a estados, municipios y comunidades locales sin los recursos previstos para mitigación de inundaciones, huracanes y otros riesgos.

A la vez, el país enfrenta una crisis nacional de seguros de vivienda agravada por desastres

climáticos y decisiones federales. Desde 2021, seis millones de asegurados han visto aumentar sus tarifas y 1,4 millones han perdido sus pólizas, incluyendo casi 860.000 en Florida. Para las familias latinas, más propensas a vivir en zonas vulnerables y con menos acceso a crédito, este contexto supone un desafío aún mayor. En California, Texas y Florida, las primas han aumentado de forma pronunciada entre 2019 y 2024, y los aranceles impulsados por Trump están acelerando los costos un 38 % adicional para finales de 2025, con incrementos que superan los 400 dólares anuales en algunos estados.

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