Según el comunicado emitido por la oficina de la gobernadora, la acción surge luego de que Kobach se negara a defender al estado frente a lo que Kelly considera una “intromisión ilegal” del gobierno federal.

En Kansas, cerca de 188,000 niños, familias y adultos mayores dependen de SNAP cada mes.

En su declaración, Kelly criticó las acciones del Fiscal General, calificándolas de “teatro político de bajo costo” que desperdicia los recursos de los contribuyentes y difunde información incorrecta.

La demanda, busca limitar el uso de esta regulación por parte de la Administración Trump para cancelar indiscriminadamente fondos cruciales.

Gobernadora Kelly exige liberar $43M en fondos federales de educación retenidos por la administración Trump. Escuelas de Kansas en riesgo.

Los estados afirman que la cancelación del programa fue "ilegal" ya que "contraviene rotundamente" la decisión del Congreso de continuar financiándolo, en violación de la Constitución.