La gobernadora de Kansas se une a 20 estados para frenar despliegue federal de la Guardia Nacional sin aprobación de los gobernadores

Topeka, Kansas | 12 de junio, 2025

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La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, se sumó a una acción legal respaldada por líderes de 20 estados para para apoyar la solicitud de California de una orden judicial que bloquee la federalización ilegal y el despliegue de la Guardia Nacional de ese estado por parte del presidente de los Estados Unidos. A través de un amicus brief presentado ante la corte, los estados solicitan bloquear esta acción que consideran una amenaza directa a la autoridad de los gobernadores y a los principios constitucionales del país.

“La federalización de la Guardia Nacional de California por parte del presidente Trump, sin la coordinación con el gobernador del estado, constituye una violación de los derechos estatales”, declaró la gobernadora Kelly. “Esta acción representa un precedente peligroso y socava el control civil sobre las fuerzas militares que ha sido una piedra angular de nuestra democracia. Me uno a este recurso para defender la soberanía estatal y frenar la utilización de las Guardias Nacionales sin consentimiento de sus respectivos gobernadores”.

El documento judicial sostiene que el despliegue ordenado por Trump no responde a ninguna de las condiciones que permiten la movilización federal de tropas: no hay una invasión, ni una rebelión, ni una incapacidad de las autoridades estatales para aplicar la ley. En cambio, según el escrito, se trata de un uso inconstitucional del poder presidencial que amenaza con normalizar la presencia militar en asuntos civiles sin justificación legal ni estratégica.

El memorando emitido por Trump no se limita a California ni a una región específica. Su alcance permite al presidente federalizar las Guardias Nacionales de cualquier estado durante un periodo de 60 días, lo que ha encendido las alarmas en distintas administraciones estatales.

Los estados firmantes advierten que esta acción pone en riesgo la disponibilidad de las Guardias Nacionales para cumplir funciones esenciales, como la respuesta a desastres naturales, operaciones antidrogas y apoyo en ciberseguridad. Retirar a estos efectivos de sus tareas habituales compromete la seguridad local y la capacidad de respuesta de los estados.

Además, el escrito señala que el despliegue ordenado por el expresidente ha agravado los problemas de seguridad en distintos puntos del país y ha tenido un efecto inhibidor sobre actividades protegidas por la Primera Enmienda, como la libertad de expresión y de reunión.

El amicus brief está encabezado por los fiscales generales de Washington y Delaware, Nick Brown y Kathy Jennings, respectivamente. También fue firmado por los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont y Wisconsin.

Con esta acción conjunta, los estados buscan reafirmar los límites constitucionales del poder ejecutivo federal y proteger su autonomía frente a intervenciones militares que, sostienen, desvirtúan el papel ciudadano y descentralizado de las fuerzas de defensa nacionales.

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