Kansas aprueba ley de inmigración con cambios cruciales: protegen matrículas, pero endurecen fianzas

Topeka Kansas | 5 de febrero, 2026

Planeta Venus

La Cámara de Representantes modificó la propuesta original para salvar el acceso a la educación superior mientras restringe otros beneficios públicos.

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El pasado 5 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes del estado de Kansas tomó una decisión definitiva sobre el Proyecto de Ley del Senado No. 254 (SB 254), aprobando una legislación que prohíbe a los inmigrantes indocumentados recibir la mayoría de los beneficios públicos estatales y endurece las normas para salir bajo fianza tras un arresto. Sin embargo, en un giro legislativo clave, la Cámara modificó el texto final para proteger el acceso a las tarifas de matrícula universitaria para residentes, rechazando la propuesta original que buscaba eliminar este apoyo educativo para estudiantes sin estatus legal.

La importancia de esta decisión

Esta legislación representa un punto de inflexión en la política migratoria de Kansas, ya que formaliza restricciones severas mediante el uso de bases de datos federales para verificar el estatus de las personas que solicitan ayudas o enfrentan cargos penales. Sin embargo, lo que hace que esta medida sea particularmente relevante es el debate sobre la educación. Mientras que Kris Kobach, el fiscal general del estado (el abogado principal que representa los intereses legales del gobierno estatal) argumentó que Kansas violaba leyes federales al dar beneficios educativos, la legislatura decidió trazar una línea divisoria: restringir las ayudas sociales generales, pero mantener las puertas de las universidades abiertas para los jóvenes residentes, independientemente de su estatus migratorio. Este artículo desglosa cómo quedó la ley, qué significa para la comunidad y cómo votaron sus representantes.

El veredicto: ¿Cómo quedó la ley?

El texto final aprobado, conocido como la "Acción Final de Emergencia", establece tres pilares fundamentales que afectan la vida de los no ciudadanos en Kansas:

1. El Rescate de las Matrículas Universitarias (In-State Tuition) Originalmente, la propuesta buscaba prohibir que los estudiantes indocumentados pagaran las tarifas de matrícula reservadas para los residentes del estado (que son mucho más baratas que las tarifas para extranjeros o estudiantes de otros estados). No obstante, la Cámara enmendó la ley para excluir explícitamente estas matrículas de la definición de "beneficio público". La versión final establece que la prohibición de beneficios no incluye las tarifas reducidas de matrícula ofrecidas por instituciones postsecundarias a residentes. Esto significa que los estudiantes que califican para estas tarifas bajo las leyes actuales podrán seguir recibiéndolas.

2. Prohibición de Beneficios Públicos y Verificación "SAVE" Para cualquier otro tipo de ayuda estatal o local (como asistencia social no urgente), la ley es estricta. Las personas mayores de 18 años deben presentar prueba documental de que son ciudadanas estadounidenses, residentes permanentes o extranjeras con presencia legal. Para hacer cumplir esto, las agencias gubernamentales ahora tienen prohibido entregar beneficios sin antes verificar el estatus del solicitante a través del programa SAVE (Verificación Sistemática de Derechos de Extranjería). Este es un sistema operado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (la agencia federal encargada de la inmigración) que permite a las oficinas locales consultar bases de datos federales en tiempo real.

3. Endurecimiento del Sistema Penal y Fianzas La ley introduce cambios severos para los no ciudadanos que son arrestados. Se crea una "presunción refutable de riesgo de fuga". En términos legales, esto significa que si un juez determina que un acusado es un extranjero presente ilegalmente, la ley obliga al juez a asumir automáticamente que esa persona intentará escapar para no enfrentar el juicio. Esto hace que sea mucho más difícil para esa persona obtener libertad bajo fianza (pagar un dinero al tribunal para esperar el juicio en libertad). Para superar esta presunción, el acusado tendría que demostrar activamente que no huirá, invirtiendo la carga de la prueba que normalmente recae en el fiscal.

El Proceso de Votación: Quiénes y Cómo Votaron

La aprobación de la ley no fue unánime y reflejó una división clara en la legislatura. La votación final se llevó a cabo mediante un "pase de lista" (roll call), donde cada legislador registró su voto públicamente.

El resultado numérico

La medida fue aprobada con una mayoría significativa, pero con una oposición notable:

• A favor (Yea): 86 votos.

• En contra (Nay): 36 votos.

• Ausentes: 3 legisladores no votaron.

Análisis de los Votos 

Los votos a favor provinieron principalmente de un bloque legislativo que apoyó los argumentos del fiscal general sobre la necesidad de cumplimiento de las leyes federales y la seguridad pública. Entre los 86 legisladores que votaron "Sí" se encuentran representantes como Anderson, Bergkamp, Hawkins, Proctor y Wasinger. Estos legisladores avalaron la idea de que el estado debe cooperar estrechamente con el gobierno federal para verificar el estatus migratorio.

Por otro lado, el bloque de 36 legisladores que votó "No" incluyó a representantes como Alcala, Carlin, Featherston, Ruiz (L. y S.) y Woodard. Este grupo se alineó con los argumentos presentados durante las audiencias por organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y grupos religiosos, quienes advirtieron que la ley era demasiado amplia, imponía cargas injustas sobre el sistema judicial y estigmatizaba a la comunidad inmigrante.

Conclusión y Vigencia

Con esta votación, Kansas establece un nuevo estándar de verificación migratoria para servicios públicos y procedimientos penales. La ley incluye una cláusula de "separabilidad", lo que significa que si un tribunal decide en el futuro que una parte de la ley es inconstitucional (como podría suceder con la presunción de riesgo de fuga, según advirtieron los opositores), esa parte se eliminará, pero el resto de la ley seguirá vigente.

La ley entrará en vigor oficialmente después de su publicación en el libro de estatutos del Estado. Con la protección de las matrículas educativas asegurada en el último minuto, la batalla legislativa concluye con un mensaje mixto: el Estado cerrará la llave de los beneficios públicos generales, pero mantendrá abierta la puerta de las aulas universitarias.