El proyecto de ley requeriría que el gobierno de Kansas envíe datos personales de asistencia alimentaria al gobierno federal.
- Planeta Venus
- hace 5 horas
- 4 Min. de lectura
Topeka, Kansas | 04 de febrero, 2026
Por: Morgan Chilson
TOPEKA — Una batalla en curso entre el fiscal general y la gobernadora de Kansas sobre la divulgación de datos personales de los habitantes de Kansas al gobierno federal llegó hasta una audiencia del comité el martes sobre un proyecto de ley destinado a forzar la mano de la gobernadora.
El Proyecto de Ley 428 del Senado requiere que el secretario del Departamento de Niños y Familias responda a las solicitudes de datos federales del Departamento de Agricultura de los EE.UU. y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. y publique dichos datos dentro de los 90 días.
El proyecto de ley es resultado de la negativa del Departamento de Niños y Familias a compartir datos privados de los solicitantes y beneficiarios del programa de alimentos con el USDA, dijo el fiscal general Kris Kobach al Comité Senatorial de Eficiencia Gubernamental, o COGE.
“No quieren que el USDA comparta los nombres de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con otras agencias federales”, dijo Kobach. “¿Por qué no querrían eso? Estoy casi seguro de que no quieren que se comparta con el Departamento de Justicia para que un beneficiario del SNAP que recibe este dinero fraudulentamente pueda ser procesado”.
Kobach también dijo que el gobernador no quería que se compartieran los datos porque el Departamento de Seguridad Nacional podría usarlos para identificar a personas que están en el país ilegalmente y reciben asistencia alimentaria.
Las personas residentes permanentes legales pueden calificar para SNAP.
La portavoz de la gobernadora Laura Kelly, Olivia Taylor-Puckett, dijo que el DCF tiene inquietudes sobre si la intención declarada del USDA de utilizar los datos es legal.
“La administración de la Gobernadora ha expresado reiteradamente su preocupación por la legalidad de la solicitud de datos del USDA respecto de la disposición 'Uso Rutinario 8', que incluye compartir datos personales privados de los habitantes de Kansas, incluidos sus números completos de Seguro Social, con entidades extranjeras”, declaró en un comunicado enviado por correo electrónico. “Es decepcionante y preocupante que el Fiscal General aún desconozca los problemas fundamentales de la solicitud del USDA”.
La declaración de Taylor-Puckett hizo referencia a un aviso del USDA publicado en el Registro Federal que detallaba cómo se utilizarían los datos. Una sección permitía compartir la información con entidades extranjeras.
Kansas es uno de los 21 estados, todos ellos participantes en una demanda en Massachusetts, que cuestiona si el uso previsto de los datos por parte del USDA está permitido en su contrato de intercambio de datos. El caso aún está en proceso de resolución.
Kobach informó al comité que el estado perderá $20.8 millones en el programa SNAP debido a que el DCF no divulgó los datos. El DCF apeló la sanción, por lo que no se ha retenido dinero de los fondos administrativos estatales del SNAP.
La audiencia sobre la apelación del estado se llevará a cabo el 17 de febrero, dijo un portavoz de la oficina del gobernador.
Travis Couture-Lovelady, un cabildero de FGA Action, testificó a favor del proyecto de ley, señalando preocupaciones sobre la integridad del programa SNAP.
“El objetivo es simple: reservar los beneficios para las familias verdaderamente necesitadas y responsabilizar a los estafadores”, dijo.
Couture-Lovelady dijo que el programa de asistencia alimentaria ha estado “plagado” de pagos indebidos, errores de elegibilidad y fraude, así como de pérdidas a gran escala debido al robo de tarjetas de beneficios y a esquemas de piratería.
“En 2024, como dijo el fiscal general, esos son los datos más recientes que tenemos; la tasa de error del SNAP de Kansas fue de casi el 10%, lo que significa que aproximadamente uno de cada $10 en beneficios se emitió incorrectamente, y ese nivel de error es completamente inaceptable”, dijo.
La tasa de error del SNAP estatal no está relacionada con el fraude, sino que se debe a errores en la entrada de datos, a información incompleta o inexacta de los solicitantes y otros problemas, según la secretaria del DCF, Laura Howard. Los casos de fraude se gestionan por un departamento independiente y no se incluyen en la tasa de error del SNAP.
El DCF está trabajando para reducir la tasa de error, que en agosto estaba por debajo del umbral federal del 6% y ahora está en 5,5%.
Haley Kottler, directora de la campaña contra el hambre de Kansas Appleseed, presentó un testimonio escrito en el que se opuso al proyecto de ley.
“Este reciente conflicto entre 21 estados y el gobierno federal ilustra el gran riesgo que Kansas correría al promulgar la SB 428”, declaró. “Las disposiciones de este proyecto de ley no permitirían al DCF ni al KDHE impugnar las solicitudes federales de datos, a pesar de la posibilidad de que surjan serias preocupaciones sobre la protección de la privacidad, la carga impuesta a los recursos y a los administradores estatales, el uso indebido de datos, la responsabilidad y el cumplimiento de posibles decisiones judiciales”.
También expresó su preocupación de que las amenazas a la privacidad podrían disuadir a los hogares elegibles de solicitar asistencia alimentaria.
Este artículo fue publicado en Planeta Venus con autorización de Kansas Reflector.
Comentarios