Trump justificó su decisión, a un día de que venza el plazo para imponer aranceles, argumentando la complejidad de la relación comercial y fronteriza entre EE. UU. y México.

La propuesta, presentada por la administración como una medida de eficiencia y sostenibilidad, genera gran preocupación entre ambientalistas, legisladores y comunidades locales.

El juez federal de distrito, Leo Sorokin, afirmó que su fallo nacional emitido en febrero pasado, sigue vigente, amparado en una excepción al fallo de la Corte Suprema.

La Casa Blanca intentó este jueves contener las críticas con una rueda de prensa en la que la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, defendió que el Gobierno ha sido "transparente".

Los estados afirman que la cancelación del programa fue "ilegal" ya que "contraviene rotundamente" la decisión del Congreso de continuar financiándolo, en violación de la Constitución.

"Privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables", dijo en la lectura del fallo el juez.