La propuesta, presentada por la administración como una medida de eficiencia y sostenibilidad, genera gran preocupación entre ambientalistas, legisladores y comunidades locales.

El juez federal de distrito, Leo Sorokin, afirmó que su fallo nacional emitido en febrero pasado, sigue vigente, amparado en una excepción al fallo de la Corte Suprema.

Los demandados, agregó el juez, deben restablecer la política que autoriza y habilita a los tribunales de inmigración para designar representantes calificados a los detenidos sin representación legal que sean declarados mentalmente incompetentes para representarse a sí mismos.

La Casa Blanca intentó este jueves contener las críticas con una rueda de prensa en la que la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, defendió que el Gobierno ha sido "transparente".

Con 216 votos a favor y 213 en contra, la medida pasó con el respaldo de gran parte de la mayoría republicana.

Los estados afirman que la cancelación del programa fue "ilegal" ya que "contraviene rotundamente" la decisión del Congreso de continuar financiándolo, en violación de la Constitución.