La legislatura de Kansas anuló el veto de la gobernadora Kelly y aprobó la polémica ley SB 244.

Topeka Kansas | 18 de febrero, 2026

Planeta Venus

Imagen de iStock - Crédito: Ray Tan

La legislatura de Kansas ha votado para anular el veto de la gobernadora Laura Kelly, permitiendo la entrada en vigor de la ley SB 244, una legislación que ha sido calificada por defensores de los derechos civiles como una de las medidas "anti-trans" más amplias e intrusivas de la nación.

La Ley SB 244, originalmente, la propuesta (HB 2426) buscaba obligar al estado a invalidar legalmente los certificados de nacimiento y las licencias de conducir emitidos que reflejaran estrictamente el sexo asignado al nacer. Sin embargo, la versión final se amplió drásticamente para incluir disposiciones de segregación sexual en "espacios privados de ocupación múltiple", tales como baños, habitaciones de hospital, dormitorios y refugios contra la violencia doméstica.

Bajo esta nueva ley, se criminaliza el uso de espacios no designados para el sexo legalmente definido de una persona. Las consecuencias incluyen sanciones civiles de $1,000 y la posibilidad de imponer cargos penales por delitos menores de clase B en caso de violaciones reiteradas. Además, se prohíbe a las entidades gubernamentales contar con espacios privados no segregados y se imponen fuertes multas si no hacen cumplir dicha segregación. La aplicación de la ley depende en gran medida de denuncias individuales, lo que incentiva a los ciudadanos a acusar a otros si sospechan que no pertenecen a un espacio determinado, lo que podría derivar en investigaciones por parte del Fiscal General.

La gobernadora Laura Kelly, quien había vetado la legislación el 13 de febrero argumentando que era un proyecto "mal redactado" con consecuencias de gran alcance, emitió una fuerte declaración tras la anulación de su veto. Kelly enfatizó que la ley es vaga y que costará millones de dólares a los contribuyentes de Kansas para su cumplimiento. Más allá de los costos económicos, la gobernadora destacó las consecuencias absurdas y perjudiciales para las familias de Kansas derivadas de la redacción de la ley. En su mensaje de veto, ilustró cómo la legislación interfiere en la vida cotidiana:

• Un esposo no podría visitar a su esposa en una habitación compartida de hospital.

• Una nieta no podría visitar a su abuelo en un asilo si este comparte habitación con otra persona.

• Un padre tendría prohibido entrar al baño de mujeres para acompañar a su hija de nueve años en un evento deportivo.

Kelly calificó de "ridículo" que la legislatura obligara a cada ciudad, escuela y universidad pública a gastar dinero en un "problema fabricado", instando a los legisladores a enfocarse en temas reales como la educación, la creación de empleo y el costo de la vivienda.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Kansas y organizaciones civiles condenaron enérgicamente la anulación del veto. Micah Kubic, director ejecutivo de la ACLU, declaró que esta ley discriminatoria "socava las sólidas protecciones constitucionales de nuestro estado contra la extralimitación del gobierno" y somete a las personas a violaciones de la privacidad inaceptables.

Otras organizaciones se unieron al rechazo:

• Equality Kansas: Thomas Alonzo señaló que, mientras Kansas enfrenta una crisis de agua y falta de expansión de Medicaid, la legislatura está "obsesionada" con perseguir a la comunidad transgénero y queer, impulsada por un extremismo religioso.

• Kansas Interfaith Action: El rabino Moti Rieber calificó la legislación como un "ataque directo a la dignidad y la humanidad de los habitantes trans de Kansas", describiendo la SB 244 como una "ley malvada" basada en falsedades.

• Loud Light Civic Action: Anthony Alvarez, miembro del personal y persona trans, advirtió que la ley efectivamente "deputiza" a los ciudadanos para volverse unos contra otros, sometiendo cada aspecto de la vida pública a una vigilancia constante y al acoso sancionado por el Estado.

El proceso para aprobar esta ley también ha sido objeto de críticas. Según los informes, se abusó de las reglas de emergencia para saltar procesos democráticos, como las audiencias públicas. Además, durante el voto final para anular el veto, se aprobó una moción para cerrar el debate y se cortaron los micrófonos de los legisladores que intentaban explicar su voto en contra, lo que minimizó las oportunidades de la oposición para expresar sus preocupaciones. La ley entra en vigor inmediatamente después de su publicación, lo que deja poco tiempo para que los gobiernos locales y los ciudadanos se adapten a las nuevas normativas.