Cuando la ayuda se politiza, quienes tienen menos poder son los que más sufren

Wichita, Kansas | 23 de junio, 2025

Planeta Venus

Por Johani Carolina Ponce

Fotografía de iStock

En ciudades del centro de Estados Unidos como Wichita, Kansas, los eventos extremos ya no

son una excepción estacional. Olas de calor sofocantes, tormentas eléctricas severas y la

amenaza constante de tornados ponen a prueba cada año la resiliencia de las comunidades

locales, en especial de las latinas. En medio de recortes federales y una creciente politización de la ayuda por desastre, la capacidad de preparación se debilita justo cuando más se necesita.

La Dra. Julie A. González, investigadora posdoctoral en el Center for Environment, Community, & Equity (CECE), ha dedicado su carrera a entender cómo la desigualdad estructural y el cambio climático se combinan para afectar de forma desproporcionada a comunidades vulnerables. Su enfoque conecta datos demográficos, salud pública y justicia ambiental, con una mirada especial a poblaciones latinas en zonas expuestas como Wichita.

Sin recursos, sin traducciones y con más exposición

Según González, los recortes a agencias clave como FEMA, la EPA y el Servicio Meteorológico

Nacional han tenido un impacto directo en la preparación de estas comunidades frente a

eventos extremos. La eliminación de recursos esenciales ha reducido el alcance de programas como las alertas tempranas, la asistencia para limpieza posterior y la información en español.

“Incluso ahora en 2025, todavía hay comunidades afectadas por el huracán Helene que no han logrado recuperarse”, señala, recordando que, aunque Kansas no es zona costera, también enfrenta reconstrucciones mal planificadas en áreas propensas a inundaciones repentinas y vientos extremos. “Con tormentas más frecuentes, esta situación solo pone en riesgo a más familias y propiedades, sin atacar de raíz el problema”, advierte.

González ha seguido de cerca casos donde la falta de respuesta oportuna por parte del

gobierno federal ha dejado a comunidades latinas dependiendo exclusivamente de redes

comunitarias, iglesias y organizaciones locales. Esto también ha ocurrido en regiones del medio oeste tras olas de calor y tormentas que provocan apagones prolongados y daños materiales.

“Muchos han pasado meses esperando reparaciones, han perdido días de trabajo y han tenido dificultades para acceder a atención médica”, explica. Las barreras de idioma, el estatus migratorio y la desconfianza hacia las autoridades dificultan aún más el acceso a recursos.

“Cuando la respuesta es lenta o inexistente, se refuerza la desigualdad”, agrega.

Recuperación desigual y ayuda usada como herramienta política

El aumento del costo de vida tras un evento extremo agrava aún más la situación. Las familias latinas, muchas veces empleadas por hora o sin beneficios estables, enfrentan gastos imprevistos y la pérdida de ingresos. “Todo esto se complica aún más con las redadas de ICE y el aumento de la vigilancia migratoria en sus comunidades”, dice González. El temor a la deportación impide que muchas personas soliciten ayuda, incluso cuando la necesitan con urgencia. “Sin apoyo real, los costos altos y las barreras migratorias empujan a las familias a ciclos de deuda e inestabilidad”, afirma.

Más grave aún es el uso político de la ayuda por desastre. González recuerda cómo en 2025 se condicionaron fondos de emergencia a intereses partidistas. “Durante la administración Trump, la ayuda federal para incendios se ató a requisitos como leyes de identificación de votantes, y se congelaron fondos clave de FEMA”, denuncia. Esto retrasó programas de recuperación en múltiples estados. En contraste, bajo la administración Biden, se otorgaron fondos basados en las necesidades reales de las comunidades. “Cuando la ayuda se politiza, quienes tienen menos poder son los que más sufren”, concluye.

Para enfrentar una temporada activa de eventos extremos en Wichita y otras ciudades del país, González insiste en que se requiere mucho más que políticas federales sólidas. “La verdadera preparación comienza mucho antes de que llegue una tormenta o una ola de calor”, dice. Llama a líderes comunitarios, organizaciones y gobiernos locales a trabajar en red para exigir políticas equitativas y establecer sistemas de apoyo duraderos. “Nuestra fuerza está en organizarnos, exigir acción y asegurarnos de que nadie quede atrás”.

Sobre la experta

La Dra. Julie A. González es investigadora posdoctoral en el Center for Environment,

Community, Equity. Su trabajo combina demografía aplicada, modelación estadística y análisis espacial para estudiar cómo los riesgos climáticos afectan a las comunidades

marginadas. Colabora con medios en español y organizaciones comunitarias para traducir la

ciencia en herramientas de acción y justicia ambiental.

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