Los vetos podrían ser reconsiderados por la Legislatura, que tiene la facultad de intentar anular la decisión de la gobernadora con una votación suficiente.

La gobernadora argumentó preocupaciones sobre su impacto en educación, vivienda, derechos civiles, administración pública y acceso al voto.

Los legisladores se otorgaron un aumento del 93% hace dos años, además de un incremento adicional del 4% este año, y un 10% para su personal.